La inclusión de una deuda en un fichero de morosos sin cumplir todas las condiciones exigidas o la falta de cancelación del dato una vez producido el pago, es causa suficiente para solicitar una indemnización por los daños y perjuicios que el hecho haya podido causar. Para ello, ha de interponerse la correspondiente demanda ante la jurisdicción civil, bien contra la entidad acreedora, bien contra la Entidad Responsable del Fichero, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 en la Ley Orgánica Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, de 5 de Diciembre de 2018, respecto al principio de calidad de los datos incorporados a los ficheros de solvencia patrimonial.

Para que se puedan incorporar nuestros datos a un fichero de solvencia patrimonial, se han de cumplir unos requisitos mínimos establecidos tanto en la LOPD/2018, como en el Reglamento (UE) 2016/679, estableciendo que sólo será posible la inclusión de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran una serie de requisitos.

No todo dato determinante de la solvencia económica de una persona puede ser incorporado al fichero, cuanto menos, se han de cumplir los siguientes:

  1. Exactitud y actualización: Existencia previa de una deuda cierta, vencida, y exigible sin que su existencia o cuantía haya sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas (art. 20.1.b) LOPD/2018). Estas exigencias responden al principio de veracidad y exactitud, vinculado directamente con la calidad de los datos. La exactitud significa que la deuda ha de ser inequívoca, indudable y como tal debe poder apreciarse con carácter previo a su inclusión o mantenimiento en el fichero, que no podrá producirse lícitamente si existen dudas al respecto. Y el art. 20.2, segundo párrafo de la LOPD/2018 lo establece de modo expreso, señalando que «corresponderá al acreedor garantizar que concurren los requisitos exigidos para la inclusión en el sistema de la deuda, respondiendo de su inexistencia o inexactitud».
  2. Impago de la deuda: que haya resultado impagada, el principio de exactitud exige que éste se haya producido efectivamente.
  3. Limitación temporal: Que no hayan transcurrido cinco años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico. Los datos han de ser dados de baja cuando hayan transcurrido 5 años desde el incumplimiento.
  4. Derecho de información del deudor: El deudor tiene derecho a que se le informe de la posible inclusión de sus datos sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito en el sistema común de información crediticia antes de que tenga lugar y de que se le notifique aquélla una vez producida. Por tanto, existen sendos derechos de información previo y posterior a la inclusión de los datos. Y es esta información la que le permite ejercitar los derechos que en su favor reconoce el Reglamento (UE) 2016/679.

Partiendo de los requisitos anteriormente detallados, cabria preguntarse en que supuestos se estaría vulnerando el honor de un deudor inscrito en un fichero de morosos.

            Es manifiesto que aquellas personas que son dadas de alta en un fichero de morosos por una deuda inexistente son vulneradas en su derecho fundamental al honor, no obstante,  aún existiendo, la misma, ha de ser exacta y encontrarse debidamente actualizada, es decir, que una persona que es deudora de una determinada cantidad, si figurase inscrita en un fichero de morosos por una cantidad mayor,  se estaría igualmente viendo vulnerada en su derecho fundamental al honor,  porque los datos que figurarían sobre su solvencia no serian exactos y dicha inexactitud vulneraría su derecho al honor.

Los registros de morosos se presentan como parte de una solución para los acreedores enmarcado en una estrategia de cobro extraprocesal que, en ocasiones raya el acoso. El fichero se convierte en una medida de presión sobre el morosos que, combinada con las llamadas de teléfono y el envío de cartas en las que se amenaza con la inclusión o el mantenimiento de los datos y la inminencia de una reclamación judicial, son determinantes para que muchos deudores que vienen oponiéndose al pago prefieran pagar, aunque consideren la cantidad indebida para evitar estar en los ficheros o para salir de los mismos.

El Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 22 de diciembre de 2015 estableció al respecto que «si la deuda es objeto de controversia, porque el titular de los datos considera legítimamente que no debe lo que se le reclama y la cuestión está sometida a decisión judicial o arbitral, la falta de pago no es indicativa de la insolvencia del afectado.  Puede que la deuda resulte finalmente reconocida, en todo o en parte, por la sentencia o el laudo arbitral y por tanto pueda considerarse como un dato veraz. Pero no era un dato pertinente y proporcionado a la finalidad del fichero automatizado, porque este no tiene por finalidad la simple constatación de las deudas, sino la solvencia patrimonial de los afectados. Por ello solo es pertinente la inclusión en estos ficheros de aquellos deudores que no pueden o no quieren, de modo no justificado, pagar sus deudas, pero no aquellos que legítimamente están discutiendo con el acreedor la existencia y cuantía de la deuda».  Si existe oposición al pago de la deuda y el acreedor tiene constancia de la misma no puede ceder los datos al registro de morosos.

Del régimen de la notificación, tal y como la configura el art. 20.1.c), LOPD/2018, en relación con los arts. 12 y ss. Reglamento (UE) 2016/679, cabe destacar algunos aspectos:

  1. El obligado a efectuarla es el responsable del fichero común, que debe informar, al mismo tiempo, al deudor de la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
  2. Cuenta, para efectuar la notificación, con un plazo de treinta días desde que se incluyó el dato en el fichero, permaneciendo bloqueados los datos durante ese tiempo.
  3. Debe efectuarse una notificación por cada deuda concreta y determinada con independencia de que ésta se tenga con el mismo o con distintos acreedores, aunque la notificación puede realizarse, de ser posible, en un solo acto.
  4. La notificación debe practicarse a través de un medio fiable, auditable e independiente de la entidad notificante, que le permita acreditar la efectiva realización de los envíos. Por otra parte, por imperativo del art. 12.1 Reglamento (UE) 2016/679, la información debe proporcionarse en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo. Cabe facilitarla por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por medios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse verbalmente siempre que se demuestre la identidad del interesado por otros medios.

La LOPD/2018, en su art. 20.2 establece la corresponsabilidad entre los titulares del sistema de información crediticia y los acreedores respecto del tratamiento de los datos referidos a sus deudores, siendo de aplicación lo establecido en el art. 26 del Reglamento (UE) 2016/679. Corresponderá al acreedor asegurarse de que concurren los requisitos exigidos para la inclusión en el sistema y será responsable de su inexistencia o inexactitud. Y, por eso, es él el que responde de la falta de calidad de los datos comunicados al fichero común y, en su caso, de su falta de actualización.

Respecto al cálculo de las indemnizaciones, nuestros Tribunales vienen considerando indemnizaciones de entre 3000 y  6000 euros, en función de la libre valoración por el Tribunal de parámetros tales como el grado de afectación a la dignidad, (en su aspecto tanto interno como externo según que los datos hubiesen sido comunicados a un mayor o menor numero de asociados al sistema que hubieren consultado el registro de morosos),  el tiempo de permanencia, el quebranto y la angustia producida por las gestiones más o menos complicadas que hayan tenido que realizarse para lograr la rectificación o cancelación de los datos incorrectamente tratados.

En firma10abogados, contamos con abogados especializados en derecho de consumo cuya máxima es la defensa de los consumidores frente a este tipo de practicas abusivas y coercitivas.

                                                                      Carolina Muñiz Ramírez de Verger
Firma10abogados