mar 30

El delito de alzamiento de bienes

El delito de alzamiento de bienes

Se hace necesario analizar una figura jurídica, que se encuadra dentro del derecho penal, como es el alzamiento de bienes, ya que en los últimos años, y debido a la crisis económica del país, muchas personas se han visto abocados a determinados procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria o de reclamaciones de cantidad por las deudas contraídas, de esta forma, nos encontramos que en toda relación jurídica obligacional existen dos partes distintas: acreedor y deudor, y cada una de ellas puede estar ocupada por un solo sujeto o por varios (en una misma obligación puede haber varios deudores o varios acreedores).

En esa relación jurídica cada parte tiene intereses diferentes; mientras que el deudor debe hacer frente a la deuda con todos sus bienes presentes y futuros (responsabilidad patrimonial universal, artículo 1911 del Código Civil) el acreedor puede dirigirse contra el patrimonio del deudor para satisfacer su deuda en todas sus vertientes. Cuando el deudor realiza actos de disposición, gratuitos u onerosos, u oculta la titularidad de sus bienes, con el fin de no hacer frente a sus deudas, en perjuicio de sus acreedores, el ordenamiento jurídico debe sancionarlo, por cometer el delito de alzamiento de bienes previsto y penado en el artículo 257.1.1º del Código Penal.

Dicho delito, como es sabido, consiste en cualquier acción que realiza un deudor (persona física o jurídica) encaminada a sustraer u ocultar su patrimonio, o parte de él, con la finalidad de impedir o dificultar que los acreedores puedan ejecutar sus créditos.

El Artículo 257 del Código Penal dispone que: “1. Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses: 1º) El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores. 2º) Quien con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación.
2. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea la naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, pública o privada.
3. En el caso de que la deuda u obligación que se trate de eludir sea de Derecho público y la acreedora sea una persona jurídico pública, la pena a imponer será de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses.
4. Las penas previstas en el presente artículo se impondrán en su mitad superior en los supuestos previstos en los ordinales 1º, 4º y 5º del apartado primero del artículo 250.
5. Este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara una ejecución concursal”.

El Código Penal exige que dicho acto de disposición se produzca en perjuicio de sus acreedores, por cuanto la intención por parte del deudor es la de salvar algún bien o todos en en su propio beneficio o en el de una persona allegada, obstaculizando con ello la posibilidad que tienen los acreedores de cobrarse la deuda con ese bien, por ejemplo, en el caso del esposo o esposa del deudor que firman la venta de un inmueble que comparten en perjuicio de los acreedores del cónyuge deudor, estaría cometiendo el delito de alzamiento de bienes, o bien su intervención puede ser considerada como cooperador necesario, con la sanción penal que corresponda en su caso.

Este artículo castiga al responsable de un hecho delictivo que, con posterioridad a su comisión, provoca total o parcialmente su insolvencia con la finalidad de eludir el cumplimiento de las responsabilidades civiles derivadas del ilícito penal, cuya comisión se haya constatado judicialmente.

El sujeto activo del delito puede serlo cualquiera que sea responsable civil a causa del delito originario, incluidos los responsables solidarios y subsidiario.

La prueba de la comisión de este delito pasará por acreditar los hechos de los que racionalmente pueda inferirse el propósito del autor de perjudicar a los acreedores. Por ello, será conveniente fijarse en los elementos indicativos de que estamos ante un posible alzamiento de bienes, para iniciar el procedimiento penal y solicitar las oportunas diligencias de investigación, que posteriormente van a servir para probar la realidad de aquellos hechos. En este sentido, en la práctica, cuando se comete este tipo de delito, siempre se dan uno o algunos de los siguientes indicios:

  • La relación de parentesco o amistad entre las partes, en el supuesto de ventas o donaciones de bienes.
  • En los supuestos de divorcios ficticios, el hecho de que los ex cónyuges continúen habitando en el mismo domicilio..
  • Las ventas de la práctica totalidad del patrimonio del deudor.
  • Las ventas en las que no se acredita el pago del precio, como ocurre cuando en la escritura de compraventa se hace constar que el precio ya se ha recibido con anterioridad.
  • El que el transmitente continúe en la posesión del bien transmitido, como es el caso del que vende un inmueble y continúa en el mismo como arrendatario.
  • La aparente falta de capacidad económica del adquirente de un bien para cumplir las condiciones económicas que se estipulan.
  • La aparición de un acreedor, titular de un derecho real sobre el patrimonio del deudor, que aparentemente no tiene relación con la actividad económica de éste.
  • La aparente imposibilidad del deudor de cumplir con las obligaciones económicas derivadas de un préstamo con garantía real, cuando el acreedor no es una institución financiera.
  • Un préstamo con garantía hipotecaria otorgado al deudor por un particular.
  • En concreto, en relación con las empresas deudoras, que los responsables de éstas estén operando en el mismo sector del mercado con otra empresa de reciente creación.

La constatación de uno o más de estos elementos (lo cual se puede hacer lícitamente, sin necesidad de auxilio judicial) es suficientemente indicativa de que podemos estar ante un delito de alzamiento de bienes. Este tipo de conductas pretenden obstaculizar la satisfacción de los créditos pendientes mediante la intervención en un embargo o procedimiento ejecutivo o de apremio, iniciado o de previsible iniciación, por ello es importante el asesoramiento jurídico de aquellos actos que se quieran realizar respecto al patrimonio o bien para no incurrir en un posible alzamiento, o bien, según el caso estar alerta ante determinadas disposiciones, y denunciarlas, para asegurar el cobro de un crédito por quien esté obligado a ello.

Lda. Silvia Martín Ruiz
Firma10Abogados.

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